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NOTICIAS: EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY PARA LA DEFENSA DE LA CALIDAD ALIMENTARIA

Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria


Con fecha 10 de abril de 2015 El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria. Este Proyecto de Ley da respuesta a la necesidad de disponer de una norma básica actualizada y homogénea en el ámbito nacional, con el objeto de garantizar la defensa de la calidad alimentaria. Actualiza la normativa aplicable hasta el momento para adecuarla a la legislación europea.

El proyecto contempla una ordenación del sistema de inspecciones y controles aplicados a los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria y favorece la colaboración entre administraciones mediante sistemas de redes de intercambio rápido competentes en la materia. Esta ordenación asegurará que los productos llegan al consumidor con todas las garantías de calidad.

Para lograr esos objetivos, la nueva norma incorpora al ámbito de la calidad alimentaria, los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que implica que los operadores en las relaciones comerciales, no tienen que cumplir más que una sola regulación. Un aspecto innovador, dado que ofrece mayor capacidad de actuar al operador, en el ámbito de la libertad de empresa y de circulación de mercancías y servicios.

De esta forma se favorece la competitividad de las empresas mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad comercial de los productos alimentarios, evitando que los operadores se vean sometidos a las cargas administrativas derivadas de la multiplicidad de normativas autonómicas, no siempre coincidentes.

Este proyecto de Ley homogeneíza y actualiza el régimen sancionador, al dictar normas básicas que establecen qué hechos se consideran infracciones leves, graves o muy graves, y se define una horquilla sobre la cuantía de las sanciones.

En éste régimen sancionador también se contempla una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasorias. De esta forma, se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio español y se actualizan sus importes, de forma que no sea rentable defraudar.



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